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19 septiembre 2012 3 19 /09 /septiembre /2012 02:39

 

voto"Los pueblos tienen el gobierno que se merecen"

Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811). Escritor y político español.

"Cada nación tiene el gobierno que se merece"

Joseph de Maistre (1753-1821). Filósofo francés.

 

Como consecuencia de la exacerbación de las pasiones sociales en nuestro país, producto del lenguaje de división y enfrentamiento generado desde el actual gobierno, la mayoría de los venezolanos nos hemos visto involucrados en la diatriba política. Hoy la discusión de los temas relacionados con reivindicaciones sociales, con la forma de gobierno más conveniente para los venezolanos y con el acontecer político nacional e internacional es el centro de atención a todo nivel en nuestra sociedad. Este manifiesto interés por la cotidianidad republicana es, en primera instancia, positivo; pero debe ser reorientado.

Debemos incentivar la participación política activa, sí; pero desde un punto de vista ciudadano, no como actores políticos. Si alguien desea dedicarse a esta actividad que lo haga desde los escenarios más idóneos y haga carrera política; que se prepare adecuadamente, inicie su cursus honorum desde las bases y escale hasta donde su capacidad y posibilidad le permitan: concejal, alcalde, diputado regional o nacional, gobernador de estado… presidente de la república. La política es muy compleja y debe ser acometida por quienes la asuman con seriedad. Aunque es la segunda profesión más antigua del mundo –y a pesar de que se parece mucho a la primera– se mantiene en permanente dinámica evolutiva por lo que debe ser asumida por quienes tengan la vocación y disposición a hacer de ella su profesión.

El resto de nosotros, quienes no vivimos “de” ni “para” la política, debemos asumir nuestra ciudadanía concienzudamente en procura del bienestar común, lo que consecuentemente se traduce en bienestar personal. Más allá de una responsable y continua intervención en la selección de los distintos representantes de los poderes públicos –acción personalísima que se materializa a través del voto– existen varios mecanismos de participación que permiten enriquecer la experiencia democrática. La fórmula de la «ciudadanía activa» es, por así decirlo, un ciclo de participación continua representada en la selección, supervisión y evaluación de los entes de administración pública; en un entorno responsable de iniciativa, opinión, organización y control.

Pero no pretendamos convertirnos en expertos en materia política; no lo somos ni necesitamos serlo. Como dijimos anteriormente, la política es muy compleja y debe ser acometida por quienes están capacitados para ello; aunque con mucha frecuencia sucede exactamente lo contrario. La Venezuela actual es ejemplo de ello. Así como es ejemplo de funcionarios públicos –muchos– no preparados para el ejercicio de cargos de responsabilidad, enquistados en las alturas del poder; es ejemplo también de “expertos en política” –demasiados– opinando acerca de temas para los cuales no están capacitados. Hoy todos pretendemos ser “politólogos” infalibles, dueños de una verdad incontestable producto de nuestra experiencia. No. No pretendamos dominar lo que está más allá de nuestro alcance. Abordemos el tema político desde una perspectiva ciudadana, concientizándonos y concientizando a nuestro entorno, primeramente, en la necesidad de realizar una correcta escogencia de las autoridades que influirán decisivamente en nuestro futuro; luego evaluaremos su gestión y actuaremos en consecuencia.

Hoy, en lugar de distraernos en etéreas discusiones sobre imperios, oligarquías, socialismos o revoluciones; sin pretender tomar trascendentales decisiones que influyan en el destino del universo, debemos concentrarnos en los pragmáticos fundamentos de nuestra vida cotidiana. Seguridad, salud, empleo, educación, costo de la vida. Bienestar y Progreso; y, por supuesto, Libertad y Justicia. Esos deberían ser los tópicos que nos orienten en la selección de la mejor opción para la primera magistratura por los próximos seis años. Podemos intentar salvar el mundo, pero después de que alcancemos una calidad de vida adecuada para nuestra sociedad, luego de que logremos consolidar el sistema de gobierno que realmente nos merecemos como país.

Ahora bien, ¿qué gobierno nos merecemos los venezolanos? Aunque estimamos que, definitivamente, no es el que hoy padecemos como sociedad; aunque esperamos que no se perpetúe un gobierno que hace catorce años y en mala hora escogimos como mesiánica opción salvadora. A pesar de estar convencidos de que los venezolanos tendríamos que apostarle al bienestar de nuestro país. Aunque creemos que va a terminar imponiéndose la sensatez por encima de la inefable estupidez política de los politiqueros; no hay garantía alguna. En poco tiempo sabremos si en este agitado entorno dominado por “expertos en política” continuaremos desbocados hacia la profundización del caos y la destrucción que ya nos agobia o retomaremos el largamente perdido rumbo del progreso, actuando como ciudadanos. La lapidaria sentencia de Jovellanos y Maistre, una vez más, se hará realidad.

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4 febrero 2012 6 04 /02 /febrero /2012 02:39

goebbels"Si una men­tira se repite sufi­cien­te­mente, acaba por convertirse en verdad"

Joseph Goebbels (1897-1945). Ministro de Propaganda de la Alemania Nazi.

El día 24 de enero de 1848 es un día de luto para las leyes venezolanas. Bajo la Presidencia de José Tadeo Monagas ocurre el ataque armado al Congreso Nacional.

En enero de 1948 la mayoría de los diputados al Congreso pretendían enjuiciar al Presidente de la República; lo acusaban de haber “ejercido facultades extraordinarias ilegalmente; de emplear la fuerza armada sin consentimiento del Consejo de Gobierno y de haber ejercido la administración fuera de la capital”, todo lo cual era contrario a lo dispuesto por la Constitución. En la tarde del día 24 el doctor Tomás José Sanabria, secretario de Interior y de Justicia, llega a la Cámara Baja para entregar el mensaje anual presidencial, luego de lo cual es obligado a permanecer allí para informar acerca del grave estado de agitación reinante en la ciudad; este suceso fue interpretado por el Ejecutivo como el arresto de Sanabria por parte de los congresistas. Aunque es difícil establecer como comenzaron las agresiones, los disparos de fusiles y revólveres obligaron a la disolución de la sesión de la Cámara Baja, cuyos miembros intentaron escapar por balcones y tejados, siendo ultimados algunos de ellos. En total hubo ocho víctimas fatales, cuatro de ellas diputados: Juan García, Francisco Argote y José Antonio Salas, quienes quedaron en el sitio y Santos Michelena, quien muere mes y medio más tarde a consecuencia de una herida de puñal recibida ese día. El día siguiente representantes del Ejecutivo, con Monagas a la cabeza, acuden a diferentes legaciones para conminar a los diputados allí refugiados a reanudar las sesiones del Congreso; tras lograrse el quórum el Congreso declara establecido el orden constitucional y otorga poderes especiales al Ejecutivo en materia de orden público. A partir de entonces los poderes Legislativo y Judicial pierden su independencia y se someten a la voluntad del Presidente de la República; sirviendo de instrumento complaciente al personalismo entronizado en el poder.

Al año siguiente, por Ley del 14 de marzo de 1849 Monagas declara el 24 de enero de cada año junto con el 5 de julio, «grandes días de la independencia y de la libertad de los venezolanos», ya que «en 24 de enero de 1848, agotado el sufrimiento bajo una nueva y odiosa tiranía que rebosaba en abusos y pretensiones retrogradantes y destructoras, supo el pueblo espontánea y valientemente recobrar su dignidad sosteniendo los fueros de su libertad». Nueve años más tarde, por decreto del 19 de junio de 1858, Julián Castro lo suprimió «entre los grandes días».

El 2 de diciembre de 1952 se consumó un Golpe de Estado. Marcos Pérez Jiménez desconoció el triunfo electoral de la oposición.

Luego del derrocamiento del presidente Rómulo Gallegos (24 noviembre 1948) se instaura una Junta Militar de Gobierno integrada por el coronel Carlos Delgado Chalbaud, el teniente-coronel Luis Felipe Llovera Páez y el mayor Marcos Pérez Jiménez. Dos años más tarde (13 de noviembre) es asesinado su presidente, Delgado Chalbaud, y sustituido por el Dr. Germán Suárez Flamerich, un títere de Pérez Jiménez. El 30 de noviembre de 1952 la Junta convoca a elecciones para designar una Asamblea Nacional Constituyente que debía sancionar una nueva Constitución y dar fin al gobierno transitorio. El oficialista Frente Electoral Independiente se enfrenta a COPEI, dirigido por Rafael Caldera, y a Unión Republicana Democrática, dirigida por Jóvito Villalba y Mario Briceño Iragorry; URD fue apoyado por los clandestinos Acción Democrática y el Partido Comunista. Cuando a finales del mismo día los primeros resultados mostraron que URD se perfilaba como ganador, el Consejo Supremo Electoral suspendió los escrutinios y dos días después, 2 de diciembre, Marcos Pérez Jiménez proclama su victoria electoral asumiendo de facto la Presidencia Provisional de Venezuela. A partir de entonces consolida su régimen por medio de la Seguridad Nacional que se encargó de controlar y silenciar a los dirigentes de la oposición, sometiéndolos a cárcel y a las más despiadadas torturas.

Las obras construidas por el dictador son frecuentemente esculpidas o, incluso, diseñadas con su monograma; y el 2 de diciembre de cada año es celebrado como día festivo. En 1957, Pérez Jiménez mediante un plebiscito se hizo reelegir fraudulenta-mente como Presidente para el período 1958-1963; un mes más tarde (23 de enero de 1958) huye a Santo Domingo en "La Vaca Sagrada". La Urbanización “2 de Diciembre”, construida y bautizada por el dictador, es renombrada “23 de Enero”.

El 4 de febrero de 1992 Venezuela es testigo de un sangriento Golpe de Estado protagonizado por un grupo de militares de graduación media que, faltando a su juramento y violando la Constitución Nacional, utilizaron las armas con las que debían defender la República para obtener el poder. Su líder: el teniente-coronel Hugo Chávez Frías.

Después de este fallido intento, en el cual según cifras conservadoras murieron al menos trescientos venezolanos, sus ineptos líderes son encarcelados, a pesar de lo cual, y con la complicidad de varios oficiales generales, intentan un segundo Golpe en poco menos de diez meses; igualmente sangriento, igualmente torpe e igualmente fallido. Después de dos años de reclusión en condiciones privilegiadas, su causa es sobreseída por el recién electo presidente, Rafael Caldera, manteniendo intactos sus derechos políticos (?). Ya en plena libertad, luego de denigrar del sistema electoral y llamar a la abstención en elecciones regionales y legislativas, en 1998 Hugo Chávez opta a la Presidencia de la República y gana las elecciones del 6 de diciembre sin contar con ninguna maquinaria partidista; a pesar de ello las instituciones independientes garantizan su triunfo y el 2 de febrero de 1999 toma posesión. Inicia, entonces, una acción de gobierno corrupta y sectaria que ha secuestrado todos los poderes públicos, ha conculcado las libertades políticas de los venezolanos, y hundido al país en su peor crisis política desde 1958.

Luego de trece años de nefasto gobierno y en campaña abierta para una nueva reelección que lo mantendría indefinidamente en el poder, impone a las Fuerzas Armadas Venezolanas la obligación de celebrar el día 4 de Febrero como “día de la dignidad nacional”, “semilla de la patria nueva” e, incluso, "gesta independentista". Para ello organiza un ostentoso desfile militar en el que reitera que “la fuerza armada es chavista”.

Venezuela siempre ha sabido retomar los cauces de la libertad y la dignidad, esta vez no será la excepción…

“La tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios, sino sobre las faltas de los demócratas”, Albert Camus (1913-1960). Filósofo francés.

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6 enero 2012 5 06 /01 /enero /2012 02:39

CIUDAD~1El sociólogo inglés Thomas H. Marshall distingue tres etapas de la ciudadanía en su concepción moderna: un primera que identifica como «elemento civil», desarrollada en el siglo XVIII y vinculada a la libertad y los derechos de propiedad; un «elemento político», que ubica en el siglo XIX y que enmarca el derecho al voto y a la organización social y política; y, por último, un «elemento social» que relaciona con los sistemas educativos y el estado de bienestar:

Por elemento social me refiero a todo el rango desde el derecho a la seguridad y un módico bienestar económico hasta el derecho a compartir toda la herencia social y vivir la vida de ser civilizado de acuerdo con los estándares predominantes en la sociedad. Las instituciones más estrechamente conectadas con ello son el sistema educativo y los servicios sociales.

La concepción del «elemento social» de la ciudadanía es el mayor aporte de Marshall ya que hasta entonces estos derechos habían pasado prácticamente desapercibidos como componentes de la ciudadanía. En su exposición, los mismos son básicos para el disfrute efectivo de los derechos civiles y políticos, pues la pobreza y la ignorancia inhiben el deseo y la oportunidad de beneficiarse de ellos.

Pero existen otras condiciones para que un ciudadano sea considerado como tal. Más allá de la concepción estoica del deber que, además, proclama al kosmopolites (ciudadano universal), es requisito indispensable que exista la ciudadanía; es decir, un estatus legal sinónimo de nacionalidad. Derek Heater lo expone en estos términos:

En líneas generales, los residentes de un país son o ciudadanos o extranjeros. Hipotéticamente, pues, un individuo puede ser ciudadano de un estado cuyo gobierno le niegue cualquiera de los tres tipos de derecho que la teoría liberal, desde Marshall, ha aceptado como ingredientes de la condición ciudadana. De producirse así, la ciudadanía sería un título o identidad jurídico-política vacía de su auténtico significado.

Y es que, como está más que demostrado, es frecuente que los regímenes autocráticos mantengan un doble rasero entre el conjunto de derechos que garantizan legal y constitucionalmente y su aplicación en la vida real. Pero no es este el principal factor limitante del sano ejercicio de la ciudadanía y de los derechos a ella asociados; la razón más recurrente para que éstos no se concreten proviene de los mismos ciudadanos, y es la dificultad para la formación de una «cultura ciudadana» que permita insertar en corto plazo un comportamiento cívico generalizado, que incluya la participación activa en el esquema sociopolítico de cualquier estado. Nicolás de Condorcet destaca la importancia no sólo de esta participación y la necesidad de su racionalidad, sino de lo determinante que puede resultar la educación política de la ciudadanía en la consecución de su libertad:

Un pueblo nunca tendrá asegurada la libertad permanente si no se generaliza la enseñanza de las ciencias políticas, y si ésta no es independiente del resto de las instituciones sociales, y si el entusiasmo que uno despierta en los corazones de los ciudadanos no está dirigido por la razón.

O, más puntualmente, en palabras de Juan Ángel Torres, «la fortaleza de una verdadera democracia sólo puede sustentarse en la calidad de su cultura ciudadana». Y esta necesidad es mayor mientras más frágil y desigual es el aspecto social de una democracia; ya que si en naciones con un desarrollo social sólido interesa más el mantenimiento de su status quo, en los países ávidos de cambios fundamentales en su estructura social se hace necesaria una democracia en la que la participación ciudadana adquiere pleno sentido. Pero, por lo general, no es así. Pareciera que la ciudadanía es menos organizada y activa donde más necesaria es su participación. Ya Maurice Duverger nos alertaba sobre esta apathîa en la «democracia sin pueblo» típica de la post-guerra europea, que fue usurpada por una burocracia electoral de élites partidistas con cada vez menos estructura real dentro de la población.

Ahora bien, ¿cómo debemos generar y de qué forma contextualizar esa necesaria participación ciudadana?

Más allá de una responsable y continua intervención en la selección de los distintos representantes de los poderes públicos, acción personalísima que se materializa a través del voto directo y secreto, existen varios mecanismos de participación que permiten enriquecer la experiencia democrática. Para activar cualquiera de ellos, sin embargo, es determinante la organización; eso es, la conformación de grupos de participación que les den fuerza a las acciones cívicas que pudieran intentarse. Esto no quiere decir que una iniciativa individual puede no tener validez o efectividad; pero siempre será más contundente si se conjugan los esfuerzos de una comunidad organizada. Las formas de organización pueden variar, y varían de hecho, dependiendo del ámbito de acción y alcance de su gestión; pero deben caracterizarse por su autonomía, e independencia de los poderes públicos.

Entre los mecanismos citados, primeramente está la iniciativa popular, bien sea para la propuesta de proyectos específicos ante las instancias ejecutivas, en beneficio de la comunidad; o ante órganos legislativos para la redacción o modificación de leyes. En ambos casos se precisa un trabajo previo de análisis e investigación que, eventualmente, puede requerir la intervención de especialistas; por lo general las instituciones gubernamentales cuentan con organismos asesores al servicio de la comunidad.

La participación en referendos y plebiscitos que aprueben o no las propuestas planteadas es condición forzosa para la legitimación de cualquier iniciativa, y representa la continuación lógica de la acción cívica de una «ciudadanía activa». Por último, aunque no de manera excluyente, está la gestión contralora que supervisa y evalúa concienzudamente la ejecución por parte de los entes gubernamentales locales, regionales o nacionales de los proyectos que en mandato les fueron encomendados por la comunidad; o los que formaron parte de los planes de gestión de los poderes del Estado en sus diferentes instancias.

La fórmula de la «ciudadanía activa» se convierte, entonces, en un ciclo de participación continua representada en la selección, supervisión y evaluación de los entes de administración pública; en un entorno responsable de iniciativa, opinión, organización y control.

  

"El Gobierno en la Historia", Sistemas de Gobierno. 

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27 julio 2010 2 27 /07 /julio /2010 00:00

Napoleón"Todo idealismo frente a la necesidad es un engaño"

Friedrich Nietzsche (1844-1900). Filósofo alemán.

Cuando los cerdos Napoleón y Snowball capitalizaron la rebelión que por negligencia y desidia del señor Jones tuvo lugar en la granja “Manor”, ninguno de los animales dio demasiada importancia a las doctrinas que éstos pro-mulgaron y que abogaban por una nueva era en la ahora llamada “Granja Animal”. Supusieron sus emancipados habitantes que la expulsión de los bípedos significaría una mejora en sus condiciones de vida; materializada en una mejor alimentación y más adecuadas condiciones para el trabajo diario. El igualitarismo propugnado en el “animalismo” decretado no tenía para ellos mayor sig-nificación. Citemos ahora un ejemplo más “humano”: a comienzos de la década de los setenta, en plena “guerra fría” y cuando el Muro de Berlín simbolizaba la abismal división ideológica entre Oriente y Occidente, el sociólogo francés Raymond Aron (1905-1983) realizó un estudio en varios países de África Ecuatorial en el cual sondeó la visión que los depauperados habitantes de estos países subde-sarrollados tenían de la Unión Soviética, Inglaterra y Francia. El inesperado resultado arrojó que la mayoría de ellos no veía diferencia alguna entre estas potencias; las identificaban como países igualmente ricos cuyos gobiernos, a diferencia de los suyos, procuraban el bienestar de sus habitantes. Más allá de la evidente desinformación, el aspecto ideológico no tenía para el africano tropical ninguna importancia ante la realidad socio-económica que los agobiaba; tal como sucedía con los personajes de la magistral obra de George Orwell (1903-1950), publicada en 1945 y que refleja la transición de la Rusia zarista al comunismo soviético.

A finales del siglo pasado, los empobrecidos habitantes de la granja “Venezuela” presentaban una situación de minusvalía en el aspecto socio-económico que atribuían, no sin razón, a la desidia y corrupción de los señores Jones que la habían gobernado. Por ello no es de extrañar que los venezolanos de entonces hubiesen respaldado cualquier propuesta presentada por algún Napoleón, que contemplara la expulsión de éstos y un cambio radical en sus condiciones de vida; la ideología pasaba a un segundo plano. Napoleón los engañó. A pesar de la extraordinaria expectativa generada por el lenguaje reivindicador del neo-líder, la realidad de hoy es muchísimo más agobiante de lo que había sido once años atrás. Lejos de haber mejorado las condiciones de vida del venezolano promedio, la situación socio-económica de la casi totalidad de la población venezolana ha empeorado significativamente; y cuando decimos la “casi totalidad” excluimos a una minoría que ha medrado del poder, posesionándose en los lugares de privilegio que antes tuvieron los señores Jones.

Pero hay un agravante: si antes contábamos con mecanismos para la corrección de nuestros errores a la hora de elegir el rumbo que llevábamos como país, hoy éstos han sido cercenados hasta casi eliminarlos; y la herramienta utilizada para erradicar nuestros derechos ciudadanos ha sido el factor ideológico cuya importancia antes desdeñábamos. Hoy, la IDEOLOGÍA no sólo involucra el ámbito político de nuestra sociedad; hoy la tenemos en nuestra economía, en nuestra educación… en nuestra vida diaria. Al punto de que todo se decide ideológicamente en lugar de anteponer los intereses de la sociedad venezolana; es decir, el bienestar común de TODOS los hombres que convivimos en este hermoso país, lo cual debería constituir el fin último del Estado. Pero después de once años de manipulación y engaño la sociedad venezolana percibe la realidad política de otra manera; ya hemos madurado como para saber que así como antes menospreciábamos el entorno ideológico de nuestra sociedad, hoy no podemos ignorarlo. Hoy sabemos que si elegimos un rumbo político de pensamiento radical, éste puede llevarnos a destinos desconocidos que afectarán nuestra realidad económica, social e, inclusive, familiar… a nuestros hijos. Como dijera el esclarecido filósofo indio Rabindranath Tagore (1861-1941) “No es tarea fácil educar jóvenes; adiestrarlos, en cambio, es muy sencillo”. Sabemos que los radicalismos de cualquier índole pueden desembocar en brutales enfrentamientos que implican un riesgo de potenciales guerras, internas o con otros países. E igualmente sabemos que ante el riesgo de perder mucho, tenemos la alternativa de ganar muy poco.

Por ello es importante definir no sólo qué hacer para superar la inmensa crisis en la que nos han sumergido estos “animales”; que ha profundizado todos y cada uno de los problemas de “la granja”, sin mejorar un solo aspecto de nuestra vida cotidiana (salvedad hecha de las dádivas que se otorgan a sus incondicionales, que aunque representan una mejora temporal de sus más básicas necesidades, implican un daño moral y una corrupción de los valores que puede afectar a futuras generaciones). Debemos también definir en qué marco ideológico hacerlo. La fundamentación democrática es esencial, pero sin adjetivos, sin callejones oscuros en los que se esconden el fraude, la usurpación y el totalitarismo; no hay una sola dictadura moderna, de izquierda o de derecha, que no se autoproclame democrática. Si buscamos mejoras sociales debemos concientizar que la democracia social es, sencillamente, DEMOCRACIA; si ésta no da preponderancia al aspecto social, entonces NO lo es. En todo sistema democrático el Estado debe interceder en la redistribución de las riquezas, subsidiando proporcionalmente a los más necesitados con programas coherentes que sean financiados con el tributo de los más prósperos; los que a su vez disfrutan de reglas claras que propician el flujo de inversiones. El socialismo, en cambio, implica una visión politizada de la sociedad que contempla una supuesta distribución de riquezas de manera equitativa, pero que no prioriza la producción; es decir, la generación de estas riquezas. Y no puede hacerlo, ya que esto último requiere de un entorno de justicia y libertad que en este tipo de regímenes, como está demostrado, quedan condicionadas a los “intereses” del Estado; es decir, y para efectos revolucionarios, del gobierno. Cuando se ejecutan proyectos políticos radicales el alcance de los tentáculos gubernamentales abarcan todos los ámbitos de la sociedad.

Eso sí, una vez definida y contextualizada nuestra ideología política (que en nuestra Constitución está taxativamente enmarcada), no podemos permitir que ésta nos arrolle. Debemos saber que como ideología política debe ser lo suficientemente flexible y permeable para adaptarse a nuestra realidad cotidiana; y debe ser lo suficientemente rígida como para no ceder en sus principios básicos. La política, podemos concluir, es ciencia humana, y como tal debe respetar los límites impuestos por las sociedades modernas: debe estar al servicio de los ciudadanos y no pretender que, como sucede en nuestra “granja”, la ciudadanía esté al servicio de ella. Es nuestro deber poner las cosas en orden. Por cierto, cuenta Orwell que los granjeros vecinos de Jones no ofrecieron mucha ayuda, ni durante la rebelión ni después de que Napoleón instituyera su dictadura, pues cada uno pensaba secretamente si podría transformar en beneficio propio la desgracia que padecían los habitantes de la “Granja Animal”.

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4 junio 2010 5 04 /06 /junio /2010 00:01

Justicia SocialEl ideal ético de justicia representa en sí mismo el orden adecuado de cosas y personas dentro de una sociedad, y ha constituido desde siem-pre un anhelo universal. Como concepto ha sido sujeto de reflexiones teológicas, filosóficas y jurídicas a través de la historia, por lo que se ha generado una amplia relatividad interpretati-va; no obstante, existe una serie de criterios coincidentes que le han imprimido cierta unidad conceptual y nos permiten definirla. La justicia es ética, equidad y honestidad; es el componente de rectitud que gobierna la conducta humana y nos obliga a respetar los derechos de los demás; es saber decidir a quién le pertenece una cosa por derecho.

Platón considera que se puede acceder a la idea de justicia por reflexión, razón y experiencia; y que el hombre justo es aquel que usa su razón de acuerdo con la verdad y que actúa con moderación. Estima, siguiendo el principio socrático que equipara la virtud con el conocimiento, que la ignorancia sumerge al individuo en la injustica porque «la justicia se percibe con el entendimiento y no con los sentidos». San Agustín considera, desde un punto de vista teológico, que la verdadera justicia consiste en el amor de los unos a los otros, y en la concordia de intereses comunes de un pueblo que, en la búsqueda de su fin temporal, practica imperfectamente la justicia porque el hombre no puede llegar a ese nivel de perfección en este mundo. Descartes refutaría más tarde esta última sentencia al afirmar que siendo seres creados por Dios poseemos la capacidad de juzgar que procede de Él; y esta facultad, utilizada en forma correcta, nos dota de un sentido elevado de justicia. Ya Santo Tomás de Aquino había razonado de forma similar en sus escritos afirmando que «la justicia se relaciona íntimamente con Dios y depende de la relación del hombre con Él»; de donde pudiera interpretarse que el hombre es capaz de administrar justicia de forma adecuada si antepone las enseñanzas divinas.

Aristóteles es más pragmático. Manifiesta que la justicia consiste en lo que es equitativo y es, además, equivalente a la obediencia a la ley; pero agrega que es la «razón práctica» que coincide con la suprema virtud de la igualdad, la que produce el equilibrio entre los hombres. No basta, sin embargo, que una acción sea legal para que sea justa. En opinión de Kant, si una persona actúa por miedo al castigo no es moral ni justa; y agrega ¾en manifiesta contradicción con Platón¾ que la justicia, como parte de la conciencia moral, es una actividad espiritual que va más allá del conocimiento. Un concepto más objetivista es el esgrimido por Rawls quien, además de definir la justicia como «la primera virtud de las instituciones sociales», expresa que una elección justa conlleva la escogencia de principios mutuamente aceptables con los cuales las partes se vean beneficiadas, ya que «la cooperación humana es tanto posible como necesaria». Esta visión contractualista de la justicia se antepone a la fórmula utilitarista que la define como el «máximo bienestar para el mayor número de personas». La teoría de Rawls propone un equilibrio entre altruismo y egoísmo en procura de los fines que se busca promover; para ello desarrolla la situación de elección justa en la cual la «posición original» induce a la escogencia de principios recíprocos de justicia.

En el ámbito legislativo, Radbruch arguye que el derecho extremadamente injusto no es derecho; pues «cuando la ley escrita sea incompatible con los principios de justicia sustancial a un nivel intolerable, o cuando la ley estatutaria se encuentre explícitamente en abierta contradicción con el principio de igualdad que constituye el fundamento de toda justicia, el juez debe abstenerse de aplicar esa ley por razones de justicia sustancial». Consecuente con la filosofía kantiana que describe el conflicto entre el sein (ser) y el sollen (deber ser), y con una óptica claramente iusnaturalista, Radbruch deslinda  la idea de derecho del positivismo legal; es decir, marca una manifiesta distancia entre la letra de la ley y el espíritu de la ley.

 

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4 junio 2010 5 04 /06 /junio /2010 00:00

... viene de "La Justicia"

Justicia SocialEn tiempos remotos la justicia implicaba san-ciones con un tosco sentido de equidad que infringía al agresor una pérdida o dolor propor-cionales al daño causado a la víctima. La justicia retributiva, cual es el caso, sostiene que el castigo infringido ante la ocurrencia de un crimen es una respuesta moralmente aceptable, siempre y cuando sea proporcional a la falta, independientemente de que este castigo produzca o no beneficios tangibles. Esta visión retrospectiva de la justicia es contrapuesta a la tesis distributiva de concepción teleológica, según la cual la pena se justifica por su capacidad para alcanzar un beneficio futuro. Kant rescata la justicia retributiva al expresar que «el castigo no puede ser utilizado como medio para promover un bien; debe imponerse ante el hecho de que se ha cometido un crimen», lo cual es perfectamente congruente para el ámbito jurídico. En el aspecto social, no obstante, pudiera aplicarse una realidad diferente.

El concepto de justicia social se refiere a las condiciones en que tiene lugar la convivencia entre los hombres, y hace énfasis en el derecho de los sectores menos favorecidos de la sociedad ¾en especial los trabajadores¾ al goce de condiciones de vida socio-económicas adecuadas de los que ningún ser humano debe ser privado. Este concepto, que data de mediados del siglo XIX, propone la búsqueda del equilibrio entre partes desiguales por medio de la creación de protecciones o compensaciones a favor de los más débiles. Pudiera interpretarse como una variante social de la justicia distributiva que incluso para Aristóteles ya tenía que ver con lo que era justo o correcto en relación a la asignación de bienes en una sociedad; y que Taparelli identificó como derechos de humanidad. Sus principios normativos son diseñados para orientar la distribución de los beneficios y las cargas de la actividad económica que, en contraste con la justicia retributiva, tiene como finalidad la compensación de las desigualdades; por ello, el concepto de justicia social se sostiene exclusivamente en la existencia de una injusticia social.

En este contexto de desigualdades, es fundamental la participación activa del Estado en la corrección de los vicios generados por el errático comportamiento de las sociedades industrializadas. Su participación, por medio de normas y principios bien fundamentados, debe fomentar la redistribución de la riqueza generada por dichas sociedades, propiciando condiciones razonables de vida para toda la población. Con este balance que contrarresta las desigualdades se imprime a la justicia el componente de equidad resultante de la preocupación social, y que es una evidente señal de progreso de la humanidad.

Podemos concluir que si la justicia procesal debe ser ciega ¾por lo que es representada con una venda en los ojos¾ la justicia social debe quitarse la venda para ver la realidad y compensar las desigualdades que pretende corregir. Ahora bien, un sistema social justo equivale no sólo a la lucha por la distribución equitativa de recursos y al alcance de la «igualdad de oportunidades», es también aquel en el cual prevalece la paz como norma fundamental de la sociedad; por ello la tentación al uso de la violencia como medio reivindicativo puede ser tan perjudicial como la iniquidad, ya que representa una involución en el desarrollo humano. En este sentido, la justicia debe ser desarrollada como una actitud humana que con fundamento en los principios éticos, morales y jurídicos persigue como fin supremo lograr el respeto a los derechos individuales y colectivos, y el adecuado ejercicio de las libertades civiles. Y es la libertad, después del derecho a la vida, el mayor propósito de la justicia y el valor más preciado de la humanidad.

 

"El Gobierno en la Historia", Sistemas de Gobierno. 

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5 mayo 2010 3 05 /05 /mayo /2010 00:01

IgualdadDesde el punto de vista jurídico-político, es definida como el principio que reconoce a todos los ciudadanos capacidad para los mismos derechos; es la «genera-lidad de la ley» representada en la igualdad de ley para todos, que se materializa con el tratamiento lo más similar posible en supuestos también similares. Esta «igualdad formal» es uno de los derechos consagrados en la «Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano» de 1789; que en su artículo sexto, haciendo referencia a la ley como voluntad de la comunidad, dispone que:

... debe ser igual para todos, sea para castigar o para premiar; y siendo todos iguales ante ella, todos son igualmente elegibles para todos los honores, colocaciones y empleos, conforme a sus distintas capacidades, sin ninguna otra distinción que la creada por sus virtudes y conocimientos.

La diferenciación en este sentido sólo se justifica cuando se basa en criterios valorables de forma objetiva, con el fin de evitar alguna discriminación; más específicamente, la igualdad implica que la ley es una norma de carácter general que aplica igualmente para todos. Pero, ¿es éste un valor autónomo o está subordinado a otras condiciones? Podríamos citar a Dahl quien se pregunta «¿para qué sirven los derechos políticos o libertades individuales si las condiciones materiales nos impiden hacer un uso adecuado de los mismos?» Estas interrogantes ya habían sido planteadas a finales del siglo XIX, cuando se argumentó que la igualdad ante la ley ignoraba la realidad de que existen diferentes grupos sociales excluidos ya que no reciben el trato que les corresponde; se abogó entonces por la «igualdad material» que garantizaría un entorno adecuado para el disfrute de un trato equitativo real y efectivo, donde cada quien fuese valorado individualmente de forma justa, no sólo «formal». El precepto que debería regir, entonces, es el de una igualdad practicable; y, lógicamente, para poder hacerla viable una condición sine qua non y quizá la más importante es la libertad; como afirma Sartori, «la igualdad que reclamamos es la igualdad que implica y es reclamada por la libertad».

Esto último es necesario también, por supuesto, para la consecución de la denominada «igualdad social»; y debemos entender que ese concepto ¾tal como sucede con el de justicia social, que se justifica ante la presencia de la injusticia social¾ sólo puede ser enfocado en el convencimiento de que existe la desigualdad social; la cual se refiere a una situación socio-económica, no necesariamente jurídica, en la cual no todas las personas tienen los mismos derechos, obligaciones o beneficios derivados de su condición de ciudadano. La justicia social busca revertir esa desigualdad, la cual no debe ser confundida con diferencia, ya que la primera se puede superar, mientras que la segunda ¾diferencia de características físicas, por ejemplo¾ es insalvable; venga o no acompañada de desigualdad social.

Hoy, y a pesar del desarrollo humano alcanzado desde finales de la Edad Moderna, las desigualdades sociales siguen presentes. Ahora se hace necesario que las diferencias de clase y censitarias no establezcan disparidad alguna; por el contrario, todos deben tener derecho a una igual consideración y a ser tratados como iguales en las relaciones sociales.

El estudio de esta expresión de la igualdad y del aspecto jurídico-político ya expuesto, deben ser complementados con el análisis de su variante económica y la definición del concepto de «igualdad de oportunidades» para lograr un conocimiento integral del tema. La igualdad de oportunidades es sub-dividida por Sartori en dos acepciones: la «igualdad de acceso», que consiste en un reconocimiento proporcional a las capacidades y mérito del individuo; y la denominada «igualdad de partida», o igualdad de condiciones iniciales ¾para lograr la igualdad de acceso¾, que implica un poder material inicial adecuado para conseguir los mismos talentos y posiciones que cualquier otro. Podemos colegir por lo anterior que la igualdad de oportunidades de partida implica una paridad en las condiciones materiales para toda la comunidad; que permita que las personas con el mismo potencial tengan las mismas posibilidades de acceder al bienestar social. Esto puede ser interpretado como equidad en los niveles de educación de los individuos, no necesariamente como paridad económica; sin embargo, en opinión de Sartori que compartimos, «en la práctica el límite entre una educación igual y una igual riqueza es un límite sutil». La conclusión lógica es, entonces, que más allá de la acción positiva necesaria para la materialización de la igualdad de oportunidades, ésta está tangencialmente relacionada con la igualdad económica.

 

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5 mayo 2010 3 05 /05 /mayo /2010 00:00

... viene de "La Igualdad"

 

IgualdadPero, delimitar el concepto de igualdad económica no es tarea fácil, mucho menos si tenemos en cuenta la interrelación existente entre la búsqueda de las reivindicaciones sociales planteadas y las condiciones políticas que la condicionan. Aunque tanto Marx co-mo Bryce desestiman esta interrelación, es evidente que el Estado es un actor fundamental en la creación de un entorno adecuado para la materialización de la igualdad económica. Veamos. La teoría marxista con-sidera que lo importante es esta última, no la forma de gobierno; Bryce, por su parte, arguye que «la democracia no tiene nada que ver con la libertad económica [ya que] es sólo una forma de gobierno, y no una justificación de los fines del gobierno». Debemos reconocer, en primer término, que las libertades política y económica son cosas diferentes; pero, en cualquiera de los casos, la posibilidad de alcanzar la igualdad económica siempre estará supeditada, quiérase o no,  a las condiciones impuestas por el ámbito político.

Así como hablamos anteriormente de la necesidad de una igualdad de partida para obtener la igualdad de acceso que nos garantice la igualdad de oportunidades; sostuvimos igualmente que la igualdad de partida está relacionada con la igualdad económica. Relacionada y condicionada, mas no asociada intrínsecamente, como acertadamente refiere Sartori: «iguales puntos de partida requieren redistribuciones, mientras que iguales posesiones requieren expropiaciones [...]  y un Estado expropiador ¾que recorta, en el límite, todo a todos¾ requiere una fuerza inconmensurablemente mayor que la del Estado redistributivo». Por ello, lo primero que debe definirse es el alcance de la igualdad de oportunidades; debemos preguntarnos ¿es el propósito ofrecer una igualdad de oportunidades de ascenso viable y efectiva; o forzar una igualdad económica basada en la «discriminación positiva» que, por lo general, no alcanza su objetivo?

Desde comienzos de la era cristiana se han implementado programas sistemáticos de ayuda a los más necesitados, pero la eficiencia de estos programas ha sido cuestionada frecuentemente por la deficiencia de sus resultados. Gordon Tullock manifiesta que «si examinamos los programas de transferencia de ingresos, nos encontramos con que una inmensa mayoría de ellos no benefician a los pobres o, si lo hacen, es por accidente al perseguir otro objetivo distinto». En el libro «Zero-sum society», Lester Thurow esgrime que uno de los factores que han incidido en la disminución de la productividad en la economía moderna ¾que a su vez redunda en una mayor afectación de las clases más pobres¾ es la disputa política continua generada por la redistribución del ingreso, lo cual ha impedido a los gobiernos la adopción de políticas eficientes en este sentido. La necesidad de una «real» y justa redistribución del ingreso, a pesar de las críticas expresadas a las diferentes metodologías, es un consenso casi generalizado entre los teóricos de la economía moderna; el punto de inflexión se ubica en el «cómo» acometerla. En lo que no hay discusión es en el hecho de que es una responsabilidad gubernamental, pero que no se circunscribe a la simple ecuación de quitar a unos para darle a otros; más bien es la adopción de mecanismos que permitan igualar en lo posible las oportunidades de acceso al bienestar social.

El tema, evidentemente, no está agotado. Un más profundo estudio del mismo nos llevaría a considerar lo que Abba Lerner llamó el «efecto incentivador» como condición maximizadora de la utilidad social; o más esclarecedor aún, los «criterios de igualdad», que podrían llevarnos a la conclusión de que «en concreto no se da nunca la igualdad en todo».

 

"El Gobierno en la Historia", Democracia.

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28 febrero 2010 7 28 /02 /febrero /2010 00:00

La RepúblicaLa característica principal de una república es la existencia de un conjunto de leyes fundamen-tales que regula la vida política de un país. Según estas leyes un presidente constitucional ejerce las funciones de jefe de Estado y de gobierno por un período determinado, que no puede ser convertido en mandato vitalicio ni hereditario.

Platón identifica a la República como el mo-delo de Estado perfecto, estructurado en torno a una sociedad autosuficiente, constituida por productores de riqueza, guardianes defensores y gobernantes filósofos. En él «cada uno de los tres órdenes que lo componen obra conforme a su naturaleza y a su destino»; todos, obligatoriamente, con formación adecuada y responsabilidades determinadas. Las funciones de gobierno deben ser ejercidas por los mejores, seleccionados y formados concienzudamente para tal efecto; y el Estado debe, además, organizarse para su crecimiento estructural y territorial de forma tal que no exceda los límites de su capacidad.

La concepción platónica de república es notablemente ampliada y perfeccionada por Aristóteles, quien la condiciona a la coexistencia de tres aspectos fundamentales: la división de poderes y su control recíproco; la participación política activa por parte de los ciudadanos y la representación igualitaria de todas las clases sociales dentro de las instituciones colegiadas de gobierno. A la búsqueda de la justicia y el logro del bien público considerados por Platón como fin último del Estado ideal, Aristóteles agrega el propósito de libertad e igualdad que permitan el desarrollo pleno de las capacidades cognitivas del ser humano.

Algunas ciudades-estado de la Grecia clásica han sido definidas como repúblicas debido al sistema de gobierno colegiado que implicaba una clara especificidad en las funciones de sus gobernantes; igualmente, la República romana nace con el establecimiento de un senado permanente que propició la estructuración de un sistema de gobierno oligárquico pero equilibrado que perduró por casi quinientos años. A pesar de ello no es posible hablar de república en su concepción actual, caracterizada por la figura de un jefe de estado y una explícita división de poderes, hasta la consolidación del Estado liberal como forma política; a partir de entonces se establecieron los principios elementales de la constitución republicana, basados en el imperio de las leyes y en la igualdad de los hombres. Este tipo de  organización fue concebida con el primordial objetivo de frenar los posibles abusos de los más fuertes ¾el gobierno o las mayorías¾; y de proteger los derechos fundamentales y las libertades civiles de los ciudadanos.

En la república moderna son factores de especial importancia la autonomía de los poderes y el estado de derecho; así como la escogencia de quienes han de administrar la cosa pública por medio del voto, que da legitimidad a la representación del gobierno. Éstos, por supuesto, también son valores universales de la democracia; mas aluden a principios distintos, ya que conceptualmente la democracia es el gobierno de la mayoría mientras la república es el gobierno de las leyes. La manifiesta yuxtaposición conceptual de república y democracia también aplica para la coincidencia de características estructurales entre monarquía constitucional y república.

La dicotomía maquiavélica según la cual monarquía es el gobierno de uno solo y república el gobierno de muchos, o más precisamente de una asamblea, parece anacrónica. Las monarquías actuales, que evolucionaron para organizarse primero a la manera constitucional y luego parlamentaria, se han convertido en una forma de gobierno diferente a la originaria, donde el peso del poder se ha desplazado del rey al parlamento; es decir, se ha constituido en una forma mixta, mitad monarquía y mitad república ¾según la definición de Maquiavelo¾. En este sentido la diferenciación entre ellas se diluye tanto que en los tratados de derecho constitucional que todavía la utilizan es difícil encontrar un criterio convincente de distinción. Por ello Hegel describe a la monarquía constitucional de su tiempo como una nueva encarnación del gobierno mixto de los antiguos, y Kant llama forma republicana a aquella en la cual rige el principio de separación de poderes aunque el titular del poder del gobierno sea un monarca. Pareciera, entonces, que el único criterio adecuado de clasificación es aquel que toma en consideración la relación entre los poderes; no obstante, a pesar de la coincidencia en varios aspectos estructurales, la dicotomía monarquía-república sigue siendo útil para diferenciar las formas de gobierno actuales; sólo que debemos ampliar el espectro, incluyendo las variantes de cada una de ellas. Esta discriminación nos permitirá diferenciar entre monarquía absoluta y parlamentaria ¾o constitucional¾, y entre república parlamentaria y presidencialista; de igual forma podremos visualizar las particularidades de cada una de ellas.

Concluimos retomando nuestra afirmación inicial según la cual el concepto de república está condicionado a la existencia de un conjunto de leyes fundamentales que regula la vida política de un país; pero que ahora, en palabras de Bobbio, "adquiere un nuevo significado que ya no es el de Estado en general, y tampoco el de gobierno asambleario contrapuesto al gobierno de uno solo, sino que es el de una forma de gobierno que tiene una estructura interna específica", donde debe prevalecer el estado de derecho y el imperio de las leyes. Debemos agregar que independientemente de la forma de gobierno, la relación entre los dos poderes ha constituido el criterio para la distinción ahora común entre el sistema político presidencial o parlamentario.


"El Gobierno en la Historia", Formas de Gobierno.

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24 febrero 2010 3 24 /02 /febrero /2010 00:00

Mapa bandera.pngLa dictadura es una forma de gobierno en la cual el poder se concentra en torno a la figura de un solo individuo, que es llamado líder y que por lo general no reconoce ser un dictador. Este gobierno se caracteriza por la ausencia de división de poderes, una evidente propensión a ejercer arbitrariamente el mando en beneficio de la minoría que lo apoya, la imposibilidad de disensión por parte de los gober-nados y el bloqueo de los mecanismos institucionales por medio de los cuales la oposición podría acceder al poder. Su aparataje de sustentación política se basa en la represión, abierta y solapada; esgrimiendo por lo general razones de Estado y catalogando a sus opositores de traidores a la patria; propiciando, además, la disolución de los partidos políticos opositores y creando un partido único en torno al líder. Igualmente, procura establecer una hegemonía comunicacional, cerrando o sometiendo a los medios convencionales de comunicación para así poder divulgar sin obstáculos su ideario político, que busca adoctrinar al pueblo en la “necesidad” de que el líder máximo permanezca en el poder para lograr salvar a la patria de sus enemigos, internos y externos. El líder, según esta visión mesiánica, es “el pueblo”; cualquier oposición a él es traición a la patria.

En Venezuela existe actualmente una dictadura que se ha venido instaurando gradualmente; si Chávez no la había logrado implementar antes había sido por falta de control sobre las instituciones del país, pero éstas ya fueron totalmente sometidas por el caudillo de Miraflores. Por supuesto, de haber sido exitoso en cualquiera de los dos golpes de Estado que protagonizó en 1992 no habría tardado tanto. Pero ya está implementada. El control que ejerce sobre los otros cuatro poderes (minúscula intencional) es complementado con un mazacote ideológico justificado en una retahíla de slogans y “frases hechas” que sirven para todo: desde el enjuiciamiento, expatriación y encarcelamiento de opositores acusados de conspiración; hasta la reversión de la descentralización en nombre de la “soberanía”. En el ínterin y de manera descarada, esta “soberanía” está siendo defendida por un ejército de extranjeros –cubanos la mayoría– que controlan los centros neurálgicos del poder político, civil y militar. Esta es la vía de perpetuación de Chávez en el poder; sacrificando el régimen constitucional por medio de mecanismos pseudo-constitucionales que hacen honor a la frase pronunciada por un megalómano y criminal líder de la depauperada Alemania de 1931: “la democracia debe destruirse con las armas de la democracia”.

Esta contundente realidad, no obstante, es pragmáticamente ignorada por la comu-nidad internacional. Vemos como un Club de Presidentes se reúne con el propósito de crear mecanismos de “defensa” de las democracias latinoamericanas, y reciben con honores a Chávez, Castro, Ortega, Morales y Correa; quienes han atentado reiterada-mente contra ellas. Vemos, en contrapartida, como condenan y aíslan a la sociedad hondureña, que logró evitar la imposición de un régimen autocrático vendido a los intereses de la logia izquierdista encabezada por Castro y Chávez. Vemos la indiferencia de estos mandatarios y de muchos líderes de otros continentes ante las constantes y documentadas denuncias de violación de derechos humanos en Venezuela; a las cuales responden con el manido argumento de la no injerencia y de la potestad de Chávez a administrar una “democracia participativa” convalidada con el apoyo popular. Lo mismo aplica para Cuba, Nicaragua, Bolivia y Ecuador. Habría que preguntarle a estos “estadistas” ¿dónde queda el respeto a las “minorías”?, ¿para qué carajo sirven los mecanismos constitucionales si pueden ser ignorados por cualquier autócrata de turno? Esas preguntas deberían ser respondidas, principalmente, por los montoneros y cuartelarios que acceden al poder por cualquier vía, incluido el voto popular. Pero para ellos no es necesario, la legitimación internacional es una coartada que les permite adueñarse de su país y validar su accionar con una ¡aprobación referendaria!

Esa es nuestra cruda realidad; pero a pesar de todo ello, los venezolanos no nos resignamos. Con valientes posiciones de un grupo de ciudadanos de todos los segmentos de la sociedad hemos logrado abrir vías institucionales de resistencia al régimen autocrático. Aunque estas vías son pocas y los obstáculos son cada vez mayores, el valor y determinación de esta masa opositora, aunada a la ineficiencia y corrupción de los entes de gobierno, comienza a evidenciar las fracasadas políticas oficiales que nos han retrotraído a condiciones de vida que ya habíamos superado hacía décadas. Gradual-mente, el verdadero PUEBLO, desengañado por las múltiples promesas incumplidas, comienza a evidenciar el disgusto con un régimen de tendencia extremista que nos pretende IMPONER un sistema de gobierno intolerante y arcaico; ajeno a la idio-sincrasia del venezolano y que muy pocos respaldan.

La tendencia opositora, debido a ello, ha ido y seguirá creciendo; impulsada, además, por la concientización del ciudadano común y por el evidente deterioro de la moral oficialista. Pero precisamente esa amoralidad llevará al régimen a ir cerrando los pocos caminos democráticos de lucha que aún tenemos, utilizando todos los mecanismos represivos y demagógicos a su alcance. Consecuentemente, hoy más que nunca debemos ser muy cuidadosos en nuestras decisiones. La unidad de criterios en el objetivo supremo debe ser prioritaria; y este objetivo no es otro que la recuperación de la democracia. Debemos dejar de lado mezquindades y personalismos, ya habrá tiempo de contender limpiamente entre nosotros cuando disfrutemos de todas las garantías constitucionales. Hoy la UNIDAD debe ser nuestra divisa. Debemos execrar cualquier opción mesiánica que se nos presente por llamativa que ésta sea; especialmente si no coincide con nosotros en el objetivo fundamental. Ya hemos sido testigos de la tardía disidencia de factores del oficialismo que cómplicemente convalidaron los desmanes del régimen por largos años y hoy se nos presentan cual límpidos opositores.

¡Pues no!... Aunque aceptamos la incorporación de todos los sectores de la sociedad, ésta tiene que ser sincera, sin medias tintas ni condicionamientos. Muchos venezolanos se encuentran hoy encarcelados, exiliados, perseguidos, despojados de sus bienes o “inhabilitados” políticamente por indiscutida culpa de los gendarmes de este régimen, bien por su nefasta acción o por su cobarde omisión. Debemos convencernos de que mientras Chávez sea presidente no tendremos democracia y de que el fin último de nuestro accionar debe ser derrotarlo en las elecciones de diciembre de 2012. Para ello, para poder tener opción de triunfo tenemos que contar, a partir de enero de 2011, con un cuerpo legislativo que sirva de contención a las tropelías que intentará Chávez para convertirse en emperador.

Para lograr nuestro propósito, además de conformar una sólida unidad en torno a nuestros ideales, debemos estar convencidos de tres preceptos fundamentales: 1. NO tenemos democracia, 2. debemos recuperarla y 3. debemos hacerlo por vías democrá-ticas; es decir, organización ciudadana, protesta cívica –cuando ésta sea necesaria– y VOTO consciente.

24 febrero 2010.

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