La Academia Nacional de la Historia ha estudiado en sus últimas sesiones, nueva-mente, todo lo concerniente a la historia de los límites entre Venezuela y Colombia, por tratarse de un asunto que atañe fun-damentalmente al destino del país. Como quiera que el Gobierno Nacional se prepa-ra, en el curso de estos días, para reanu-dar las negociaciones iniciadas en 1965 sobre la llamada delimitación de áreas marinas y submarinas EN EL ÁMBITO EXTERIOR DEL GOLFO DE VENEZUELA la Institución ha resuelto expresar su criterio, con fundamento histórico, en el ánimo de contribuir a ilustrar la opinión pública nacional e internacional.

PRIMERO: Una abundante y conocida documentación ha demostrado siempre la existencia de la antigua Provincia de Venezuela, configurada el 27 de marzo de 1528 como Gobernación y Capitanía General, sin solución de continuidad hasta el 19 de abril de 1810. El límite preciso, calificado y documentado de esa Provincia de Venezuela, núcleo territorial de la República de Venezuela que surgió de la Capitanía General de Venezuela y de la Real Audiencia de Caracas, fue siempre, en el occidente, el Cabo de la Vela en la Guajira.

SEGUNDO: En el período histórico de 1819 a 1830, correspondiente a la existencia de la República de Colombia, creada por Simón Bolívar desde Angostura, continuó vigente ese límite para el territorio del Departamento de Venezuela, sin discusión alguna.

TERCERO: Producida la disolución de la República de Colombia de 1830, las jurisdicciones territoriales volvieron a la situación de 1810, de acuerdo con el principio de uti possidetis juris y para los efectos de Venezuela continuó vigente como era natural el límite en el Cabo de la Vela.

CUARTO: Sólo a partir de 1833 la República de Nueva Granada, hoy República de Colombia (antiguo Departamento de Cundinamarca en la mencionada República de 1819 a 1830) comenzó a discutir el viejo y largamente establecido límite, con la carta que el General Francisco de Paula Santander escribió al Senado de Colombia el 1º de abril de ese año de 1833. La historia de las negociaciones entre las Repúblicas de Venezuela y de Colombia, desde 1833 en adelante, después de diversos laudos y convenios culminó con el Tratado de límites de 1941, en los que se señalan los límites actuales con los cuales Venezuela había perdido el extenso territorio de la Guajira que va desde su límite histórico en el Cabo de la Vela hasta el actual.

QUINTO: El Golfo de Venezuela, como bahía histórica y como aguas interiores, forma parte del mar territorial de Venezuela, antes y después del Tratado de 1941, con plenitud jurídica reconocida en el decreto del 15 de septiembre de 1939 por parte del Estado venezolano. Es por esa razón por la cual resultaba innecesaria para el momento de la firma del Tratado de 1941, cualquier referencia sobre el particular en el texto de este Tratado.

SEXTO: Por otra parte, el Archipiélago de Los Monjes, cuya soberanía venezolana ha sido reconocida por Colombia, estuvo siempre desde 1528 dentro de los límites claramente fijados de la Provincia de Venezuela, de la Capitanía General de Venezuela, de la Real audiencia de Caracas, del Departamento de Venezuela y de la Republica de Venezuela. En consecuencia, el Archipiélago de Los Monjes, debido a su condición insular, ha sido y es territorio venezolano, en aguas venezolanas, y por tanto genera derechos de participación de mar territorial y plataforma continental.

SEPTIMO: Con una tradición histórica tan sólida, con una abundante documentación sobre los límites antiguos, con una legislación venezolana muy firme en sus argumentos, con la existencia de disposiciones del Derecho Internacional, y con la solidaridad creada por una historia común, una cultura similar en intereses complementarios, Venezuela espera serenamente una conclusión justa y honorable para sus derechos e intereses, sin menoscabo de su integridad territorial y sin mengua de su identidad nacional, dentro de la necesaria convivencia con un país no sólo vecino, sino fraterno en los ideales bolivarianos de integración latinoamericana.

OCTAVO: En vista de todo lo anterior, preocupa a la Academia Nacional de la Historia la fijación de un rumbo cierto, afianzado en la historia, para las conversaciones que van a reanudarse entre Venezuela y Colombia. En este sentido la Institución estima la conveniencia de ratificar la soberanía siempre ejercida por Venezuela sobre el Golfo de Venezuela y el derecho al mar territorial del Archipiélago de Los Monjes.

La Academia Nacional de la Historia cumple, de este modo, con un elemental deber al recoger los fundamentos históricos que avalan la posición venezolana en la discusión sobre delimitación de áreas marina y submarinas con la hermana República de Colombia.

Caracas, 17 de enero de 1980


El presente documento constituyó la posición doctrinaria de la Academia Nacional de la Historia, publi-cada el 17 de enero de 1980, frente al problema de límites con Colombia en el momento en que el asunto estuvo en discusión.

General en Jefe del Ejército Constitucional de la Federación

Considerando:

1º Que todos los asociados tienen derecho a participar de los trascendentales beneficios de la instrucción.

2º Que ella es necesaria en las Repúblicas para asegurar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes del ciudadano.

3º Que la instrucción primaria debe ser universal en atención a que es la base de todo conocimiento ulterior y toda perfección moral, y

4º Que por la Constitución federal el poder público debe establecer gratuitamente la educación primaria, decreto:

TÍTULO I

Disposiciones generales

Art. 1º La instrucción pública en Venezuela es de dos especies: obligatoria o necesaria y libre o voluntaria.

Art. 2º La instrucción obligatoria es aquella que la ley exige a todos los venezolanos de ambos sexos y que los poderes públicos están en el deber de dar gratuita y preferentemente. Comprende por ahora los principios generales de moral, la lectura y la escritura del idioma patrio, la aritmética práctica, el sistema métrico y el compendio de la Constitución federal.

Art. 3º La instrucción libre abarca todo los demás conocimientos que los venezolanos quieran adquirir en los distintos ramos del saber humano. Esta especie de instrucción será ofrecida gratuitamente por los poderes públicos en la extensión que les sea posible.

Art. 4º La instrucción obligatoria hace parte de la primaria, la cual puede limitarse a los conocimientos necesarios o extenderse a todos los que generalmente se tienen como elementales o preparatorios a juicio de la autoridad o individuo que la promueve.

Art. 5º Todo padre, madre, tutor o persona a cuyo cargo esté un niño o niña mayor de siete años y menor de edad, está obligado a enseñarle los conocimientos necesarios o a pagar un maestro que se los enseñe, y en caso de no poder hacer ni una ni otra cosa, deberá mandarlo a la escuela pública del lugar.

Art. 6º Los Estados dictarán las leyes y reglamentos indispensables para hacer efectivas las disposiciones anteriores. En consecuencia designarán los funcionarios que deban exigir su cumplimiento y establecerán los procedimientos y penas a que quedan sujetos los infractores.

Art. 7º La Nación, los Estados y los Municipios están obligados a promover en sus respectivas jurisdicciones y por cuantos medios puedan, la instrucción primaria, creando y protegiendo el establecimiento de escuelas gratuitas en los poblados y en los campos, fijas y ambulantes, nocturnas y dominicales, de manera que los conocimientos obligatorios estén al alcance de todos las condiciones sociales.

Art. 8º Ni la Nación, ni los Estados, ni los Municipios, deben considerarse relevados del deber que tienen de fomentar la instrucción primaria, porque uno de ellos haya tomado la iniciativa, y tenga escuela establecida en la localidad respectiva. Pueden sí asociar sus esfuerzos, y aun es conveniente que lo hagan para darle unidad al plan general de enseñanza y para obtener más prontos y felices resultados.

Art. 9º Los Estados y los Municipios pueden ocurrir al Gobierno Federal pidiéndole que ponga sus escuelas y sus rentas de escuelas bajo la autoridad de la Dirección Nacional de la Instrucción Primaria.

Art. 10. Todo esfuerzo en beneficio de la instrucción primaria, sea de un individuo, de una asociación, o del Poder Federal, será eficazmente secundado y protegido por las autoridades de los Estados.

TÍTULO II

De la protección que da el Poder Federal a la instrucción primaria

Art. 1º El Poder Federal promueve la instrucción primaria:

1º Por medio de una Dirección Nacional de Instrucción Primaria que residirá en la capital de la Unión y la compondrán tres miembros principales y tres suplentes, elegidos por el Gobierno y presididos por el Ministro o Secretario de Fomento.

2º Por medio de Juntas superiores en la capital de cada Estado, constituidas con tres miembros principales y tres suplentes que nombrará la Dirección Nacional.

3º Por medio de juntas departamentales que residirán en la cabecera del departamento, distrito o cantón respectivos. Estas juntas serán nombradas por la junta superior del Estado a que pertenezcan los departamentos, distritos o cantones y se compondrán de tres miembros principales y tres suplentes.

4º Por medio de juntas parroquiales que residirán en la cabecera de cada parroquia, y se compondrán de tres miembros principales y tres suplentes, elegidos por la junta departamental respectiva.

5º Por medio de juntas vecinales que nombrarán las parroquial es en todos los pueblos y caseríos de su jurisdicción, y que pueden constar de dos o tres miembros principales y sus respectivos suplentes, según lo permita la población de cada lugar.

6º Por medio de sociedades populares cooperadoras de ambos sexos, promovidas y relacionadas con las respectivas direcciones y juntas, como lo dispone este decreto y los estatutos reglamentarios.

Art. 2º La Dirección Nacional de Instrucción Primaria tendrá las atribuciones siguientes:

1a Presentar al Gobierno para su aprobación los estatutos reglamentarios de la instrucción primaria.

2a Nombrar y remover los miembros de las juntas superiores de instrucción primaria.

3a Comunicar a las juntas superiores sus órdenes y rectificar los errores y corregir las faltas que ellas cometan, revocando si fuere necesario los nombramientos de sus miembros o del que haya faltado a sus deberes, sin perjuicio de intentar cualquier otro procedimiento ante las autoridades competentes, según la gravedad de la falta.

4a Proponer al Gobierno la persona que crea apta para desempeñar el destino de tesorero general de las rentas de escuelas y exigir del nombrado la fianza que deba dar conforme a este decreto.

5a Desempeñar, en unión del tesorero general, ]as demás atribuciones que en materia de rentas le señala este decreto.

6a Dictar las disposiciones convenientes para que las rentas de escuela se recauden eficazmente, y para que se distribuyan y gasten con orden, economía y estricta aplicación a su objeto.

7a Pasar tanteo a la caja de la tesorería general de rentas de escuelas y examinar sus libros y cuentas para ver si se lleva con orden y exactitud.

8a Ordenar las erogaciones, tanto ordinarias como extraordinarias, que deba hacer la tesorería general de rentas de escuelas.

9a Examinar la cuenta que cada seis meses le presentará el tesorero general y pasarla al Gobierno con su informe.

10. Formar cada año el presupuesto general de gastos de la instrucción primaria, teniendo en cuenta el rendimiento de sus rentas.

11. Nombrar inspectores de las escuelas primarias dependientes del Poder Federal para que las visiten y le informen de su estado.

12. Elegir los textos y determinar el método de enseñanza que deba observarse en todas las escuelas primarias dependientes del Poder Federal.

13. Montar una imprenta para imprimir los textos de la enseñanza primaria y para los demás usos útiles a este ramo.

14. Considerar las solicitudes que le dirijan las juntas superiores para la fundación de escuelas y expedir las patentes que les dan derecho a la protección del Poder Federal.

15 Adquirir los objetos que sean necesarios para las escuelas primarias, haciéndolos venir del extranjero o tomándolos en el país, del modo que sea más económico.

16. Establecer una publicación periódica en que se demuestre la utilidad de la instrucción primaria, se excite a los ciudadanos a fomentarla, se recomiende a la consideración pública a aquellos que presten importantes servicios a esa noble causa, y se publiquen los actos de la Dirección Nacional, los estados rentísticos, los trabajos de las juntas inferiores y de las sociedades cooperadoras, y todo lo que interese al progreso de la instrucción primaria.

17. Ponerse en correspondencia con las sociedades propagadoras de la instrucción y con los educacionistas notables del extranjero, para conocer los adelantos que se hagan en materia de instrucción y adaptarlos al país.

18. Promover ante los gobiernos de los Estados las medidas que crea necesarias para alcanzar cuanto antes la universalidad de la instrucción primaria en Venezuela.

19. Formar todos los años la estadística general de la instrucción primaria, para lo cual hará modelos y dará órdenes a las juntas superiores;

20. Presentar todos los años al Gobierno, en el mes de enero, una Memoria del ramo que está a su cargo.

21. Resolver las dudas que ocurran a las juntas superiores sobre la inteligencia de este decreto y de los estatutos reglamentarios, y proveer a las solicitudes de las juntas inferiores, de las sociedades cooperadoras y de los ciudadanos en asuntos que interesen a la instrucción primaria.

22. Desempeñar las demás funciones que le atribuya este decreto y los estatutos reglamentarios.

Art. 3º Habrá un tesorero general de las rentas de escuela nombrado como queda dicho, el cual dará una fianza de tres mil pesos, antes de entrar en el ejercicio de su empleo.

Art. 4º El tesorero general de las rentas de escuelas es un empleado dependiente de la Dirección Nacional de Instrucción Primaria: tendrá las atribuciones que le da este decreto y las que le señalen los estatutos reglamentarios, y gozará de la comisión que l e fijen aquéllos, como remuneración de sus servicios.

Art. 5º El tesorero general nombrará con aprobación de la Dirección Nacional, agentes o tesoreros subalternos dondequiera que lo exijan los intereses de la instrucción primaria, a juicio de la Dirección Nacional, y conforme a las disposiciones de este decreto y de los estatutos reglamentarios.

Art. 6º Los agentes y tesoreros subalternos de las rentas de escuelas tendrán una parte de la comisión asignada al tesorero general, para lo cual se tendrá en cuenta el mayor o menor movimiento de la renta en cada lugar.

Art. 7º La Dirección Nacional de Instrucción Primaria tendrá un secretario de su elección, el cual desempeñará las funciones ordinarias de su empleo y las que le señalen los estatutos reglamentarios, y gozará del sueldo mensual que le asigne la Dirección.

Art. 8º Son atribuciones de las juntas superiores:
1a Cumplir y hacer cumplir por las juntas de su dependencia este decreto, los estatutos reglamentarios y las órdenes de la Dirección Nacional de Instrucción Primaria.

2a Nombrar y remover las juntas departamentales de su jurisdicción e intentar ante la autoridad competente, el procedimiento a que diere lugar algún funcionario de su dependencia, por falta grave en el cumplimiento de sus deberes.

3a Promover en las capitales de los Estados y en todos los pueblos y caseríos por medio de las juntas departamentales, vecinales y parroquiales, la instalación de sociedades de ambos sexos que cooperen a la instrucción primaria con la participación que les da este decreto en la obra de la ilustración del pueblo.

4a Formar el presupuesto de los gastos que ocasione cada escuela que haya de fundarse en el territorio del Estado respectivo, según los datos que le suministren las juntas de su dependencia y remitirlo a la Dirección Nacional para su aprobación y para que expida la patente correspondiente, sin cuyo requisito no estará obligada la Nación a sostener ninguna escuela.

5a Fundar, previo lo dispuesto en el número anterior, por lo menos una escuela primaria de niños y otra de niñas en la capital de cada Estado, nombrando los preceptores o preceptoras y organizándolas conforme a las disposiciones de este decreto y de los estatutos reglamentarios.

6a Inspeccionar las escuelas primarias fundadas en las capitales de los Estados conforme al número anterior y nombrar inspectores que visiten las establecidas por cuenta de la Nación en el territorio del Estado respectivo.

7a Pasar tanteo a la caja del agente o tesorero subalterno de las rentas de escuelas, en la capital del Estado, e informar a la Dirección Nacional de la visita, así como de todo aquello que interese el incremento y buena administración de las rentas de escuelas.

8a Excitar a las juntas departamentales y a las sociedades cooperadoras a fundar las escuelas cuyo presupuesto esté aprobado por la Dirección Nacional o a remitir los datos necesarios para formar el presupuesto de las que hayan de fundarse.

9a Remitir a la Dirección Nacional, con su informe, las consultas o solicitudes que les dirijan las juntas de su dependencia, y comunicar a ésta las resoluciones u órdenes de aquéllas en la parte que les concierna.

10. Formar todos los años la estadística de la instrucción primaria en el Estado respectivo, para lo cual recogerán todos los datos necesarios de las juntas inferiores, dándoles los modelos e instrucciones, según lo haya dispuesto la Dirección Nacional.

11. Apoyar las gestiones de la Dirección Nacional ante las autoridades de los Estados y promover de acuerdo con éstas, las medidas que crean necesarias para propagar la instrucción primaria.

12. Estimular el patriotismo de los ciudadanos con actos honoríficos en favor de aquéllos que se distingan por sus servicios a la causa de la instrucción primaria.

13. Informar constantemente a la Dirección Nacional de todo cuanto tenga relación con el ramo de instrucción primaria, en el Estado a que corresponde la junta.

Art. 9º Son atribuciones y deberes de las juntas departamentales:

1a Cumplir y hacer cumplir este decreto, los estatutos reglamentarios, las disposiciones de la Dirección Nacional de Instrucción Primaria y las que las juntas superiores respectivas dictaren en el círculo de sus atribuciones.

2a Nombrar y remover los miembros de las juntas parroquiales de su jurisdicción e intentar ante la autoridad competente el procedimiento a que den lugar los funcionarios de su dependencia por faltas graves en el cumplimiento de sus deberes.

3a Promover directamente en la cabecera del departamento, distrito o cantón en que resida la Junta, y por medio de las parroquiales y vecinales, la instalación de las sociedades cooperadoras de que trata este decreto.

4a Calcular los gastos que ocasione la fundación de una escuela de niños y otra de niñas, por lo menos, en la población en que resida la Junta, y remitir estos cálculos a la superior del Estado para que ésta forme el presupuesto y solicite la patente de la Dirección Nacional. Así mismo remitirán a la junta superior los proyectos de escuelas y los presupuestos que hayan formado las juntas parroquiales y vecinales de su jurisdicción. agregándoles su informe.

5a Nombrar los preceptores y preceptoras de las escuelas establecidas en el lugar de su residencia y revocar los nombramientos hechos por la s parroquiales, previa la comprobación de que los preceptores o preceptoras no cumplen sus deberes, y que aquéllas se hayan manifestado omisas o parciales.

6a Inspeccionar las escuelas del lugar en que resida la junta y nombrar inspectores que visiten las demás del departamento, distrito o cantón.

7a Visitar la agencia o tesorería subalterna de rentas de escuelas que haya en el lugar de su residencia, pasar tanteo de caja e in formar a la Dirección Nacional por órgano de la junta superior del Estado, del resultado de su visita y de todo cuanto tenga relación con el aumento y buena administración de la renta de escuelas.

8a Excitar a las juntas parroquiales a que hagan proyectos de escuelas, formen sus presupuestos y soliciten de la Dirección Nacional, por el órgano competente, la aprobación que se exige para los efectos de este decreto.

9a Requerir a las juntas parroquiales y vecinales para que lleven a cabo el establecimiento de las escuelas que hayan sido dotadas convenientemente por la dirección nacional.

10. Llevar correspondencia con la junta superior del Estado y con las parroquiales y sociedades cooperadoras de su jurisdicción.

11. Promover ante las autoridades de la localidad, las medidas que en el concepto de las juntas superiores o de la Dirección Nacional, convenga adoptar en beneficio de la instrucción primaria.

12. Formar cada tres meses la estadística de la instrucción primaria, según los modelos acordados por la Dirección Nacional.

13. Recomendar a la consideración pública el nombre de todas las personas que presten importantes servicios a la causa de la instrucción primaria.

14. Cumplir los demás deberes que les impongan los estatutos reglamentarios.

Art. 10. Las juntas parroquiales tienen en el lugar de su residencia y respecto de las juntas vecinales, de las sociedades cooperadoras y de las escuelas de su jurisdicción, deberes y atribuciones análogas a las de las juntas departamentales.

Art. 11. Las juntas vecinales tendrán las atribuciones y deberes que sean compatibles con su encargo, según lo dispongan os estatutos reglamentarios.

Art. 12. Las personas de ambos sexos que quieran prestar una protección colectiva a la instrucción primaria, se constituirán en sociedades cooperadoras, cuyos principales servicios serán:

1º Apoyar con sus recursos, relaciones y luces a las juntas de instrucción primaria, a fin de que se funden escuelas y se sostengan las establecidas.

2º Reclamar el cumplimiento de este decreto, de los estatutos reglamentarios y de todas las disposiciones que favorezcan la instrucción primaria.

3º Combatir toda preocupación contra el impuesto de escuelas y comprometerse a no celebrar ningún negocio y a no dar ni recibir ninguna suma sin documento escrito en que se inutilicen las estampillas correspondientes al impuesto de escuelas.

4º Comprometerse a mandar a la escuela y hacer que los demás vecinos del lugar manden a los niños que carezcan de los conocimientos obligatorios.

5º Denunciar ante la Dirección Nacional o Juntas de Instrucción las irregularidades o abusos que se cometan en fraude de la instrucción primaria.

6º Facilitar a las juntas de instrucción primaria todos los datos que puedan necesitar para el establecimiento de escuelas y para la formación de la estadística del ramo.

7º Pedir ante las autoridades locales disposiciones eficaces para que los padres, madres, tutores o encargados de niños, cumplan con el deber de hacerlos aprender, por lo menos, lo que se exige como necesario.

8º Desempeñar las demás atribuciones que le señalen los estatutos reglamentarios.

Art. 13. Las juntas superiores en las capitales de los Estados tendrán un secretario de su elección, cuyo sueldo fijará la Dirección Nacional.

Art. 14. En las juntas departamentales, parroquiales o vecinales, uno de sus miembros desempeñará las funciones de secretario.

Art. 15. Los miembros de la dirección nacional, de la junta superior, de las departamentales, parroquiales y vecinales, no gozarán de sueldo ni comisión; prestan un servicio patriótico.

Art. 16. Todos los destinos dependientes del ramo de instrucción primaria se consideran en comisión.

Art. 17. La Dirección Nacional desempeñará en el Estado en que resida el Poder Federal, además de sus atribuciones ordinarias, las de la junta superior de aquel Estado.

De las escuelas primarias

Art. 18. Mientras los conocimientos obligatorios no se hayan generalizado suficientemente en toda la República, las escuelas primarias dependientes del Poder Federal, se dedicarán especialmente a la enseñanza de las materias mencionadas en el artículo 2º de este decreto.

Art. 19. La Dirección Nacional de Instrucción Primaria, con vista de los resultados que arroje la estadística, propondrá al Gobierno el ensanche que deba darse a los conocimientos elementales o preparatorios; y las reformas que se hagan en este punto se consignarán en los estatutos reglamentarios.

Art. 20. Las escuelas primarias de niños o niñas serán fijas o ambulantes: las primeras se establecerán en las ciudades, villas o poblados, y las segundas en los caseríos y en los campos.

Art. 21. Las escuelas primarias de adultos pueden ser dominicales y nocturnas.

Art. 22. En las fortalezas y cuarteles de la Nación se enseñará también a los soldados las materias mencionadas en el artículo 2º de este decreto.

Art. 23. En las escuelas primarias dependientes del Poder Federal se emplearán los métodos más sencillos y que conduzcan más pronto a la adquisición de los conocimientos obligatorios.

Art. 24. Los habitantes de cualquier pueblo o caserío donde no haya junta de instrucción primaria, pueden dirigirse a la junta superior del Estado reclamando el nombramiento de los funcionarios correspondientes a su localidad.

Art. 25. Todo preceptor o preceptora que enseñe por quince años consecutivos las primeras letras en las escuelas de la Nación, obtendrán su jubilación y gozarán durante su vida de una pensión igual al sueldo que disfrutaba y que se pagará de las rentas de instrucción primaria.

Art. 26. La Dirección Nacional acordará recompensas extraordinarias a los profesores y profesoras que enseñen mayor número de alumnos en un año.

Art. 27. Los estatutos reglamentarios desarrollarán y complementarán todo lo relativo a la organización de las escuelas primarias.

Art. 28. Desde 1º de enero de 1871 quedará sometida la Escuela Bolívar» que creó el decreto legislativo de 6 de junio de 1865 a la autoridad de la Dirección Nacional de Instrucción Primaria.

De las rentas de instrucción primaria

Art. 29. Se establece un impuesto nacional sobre la circulación de los valores en la forma que se expresará; y su producto integro se destina a la fundación y sostenimiento de escuelas primarias.

[Los artículos 30 al 63 reglamentan el impuesto de estampillas].

Art. 64. Son, además, rentas de la instrucción primaria, las donaciones de los ciudadanos y de las sociedades cooperadoras, y los fondos que los Estados o los Municipios destinen a ese objeto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10, título I de este decreto.

Art. 65. Los estatutos reglamentarios complementarán todo lo relativo a la administración de las rentas de escuelas.

Art. 66. Se derogan todas las disposiciones contrarias al presente decreto.

Dado, firmado de mi mano y refrendado por el Secretario de Fomento en Caracas, a 27 de junio de 1870.-7º y 12.

A. Guzmán Blanco.

Refrendado,
El Secretario de Fomento,

Martín J. Sanabria

 

Documentos Históricos

Caracas, 29 de abril de 1835

A las honorables Cámaras del Senado y de Repre-sentantes reunidas en Congreso.

Conciudadanos:

Estando ya al terminarse vuestras sesiones debo, sin pérdida de tiempo, invocar vuestra justicia y vuestro patriotismo para que acordéis antes de separaros una medida tan justa como importante al bien de la patria; ésta es la aceptación de mi renuncia de la Presidencia del Estado.

Cuando al principio de vuestras presentes sesiones acepté el en cargo de la primera magistratura del Estado, fue violentando mi convicción y mi conciencia, y dominando la repugnancia invencible de mi ánimo, sólo por obedecer a vuestro mandato soberano. Creí, además de mi deber, tributar al honor de tan alta confianza estos sacrificios, así como el de mi reposo y de mi vida misma si fuese necesario. Fundóse esta determinación en que tenía algunas esperanzas de poder dirigir con algún suceso, y el auxilio de una poderosa cooperación, los destinos de la patria y de que mis sacrificios no serían del todo estériles. Quise pulsar la empresa, y agotar todo recurso antes de llevar al cabo mi negativa a un llamamiento tan honorífico. Mas una meditación continua y profunda, el curso del tiempo y de los acontecimientos, han ratificado mi convicción de que no soy el ciudadano que debe dirigir las riendas del Estado en las presentes circunstancias, que carezco del poder y de los recursos adecuados para refrenar los partidos que puedan amagar la tranquilidad pública, conservar a raya las aspiraciones inquietas, con jurar oportunamente los males que en adelante amenacen la paz pública, o sofocar con prontitud y eficacia los ya presentes en su principio.

En tal caso no puedo desoír la imperiosa voz de mi deber que me ordena no dejar comprometer intereses tan sagrados, estando como estoy convencido de mi incapacidad para conservarlos ilesos; ni dejar de evitar, si está a mi alcance, aun los pretextos para combatirlos y menoscabarlos.

En medio de las mayores angustias y en el conflicto de cargar ahora, con la nota de poca resolución para arrostrar por el temor de dejar comprometer la paz pública y las bendiciones que ésta debe seguir derramando sobre Venezuela, o de sufrir más adelante los atroces remordimientos de no haber evitado, cuanto de mí dependía, la ocurrencia de tamaños males, y que se tomase por pretexto mi continuación en un destino que mi conciencia íntima, constante y firme, me está advirtiendo que no puedo desempeñar; he elegido sin titubear el primer partido, por ser el que salva el bien de la patria.

He creído inútil repetir a vuestra penetración, las fuertes razones que con franqueza expuse a los colegios electorales y después a vosotros mismos, con el objeto de convenceros de la inconveniencia de mi persona para ocupar la primera magistratura. Bástame exponer la ratificación de su fuerza y de su justicia como resultado de mi propia experiencia, único testimonio que me faltaba consultar: las consecuencias de mi renuncia ahora son en sus efectos constitucionales las mismas que si la hubiera hecho el día ocho de febrero.

En esta virtud, honorables senadores y representantes, yo os ruego encarecidamente aceptéis mi renuncia de la Presidencia del Estado, teniendo presente que esta súplica tiene por objeto la conservación del bien público, y por causa una conciencia decidida y firme que no puede quedar constantemente atormentada sin constituir la vida en un suplicio.

Así os lo suplica vuestro humilde conciudadano,

José Vargas


Documentos Históricos

Simón Bolívar, Libertador de Colombia, etc.

A los pueblos de Colombia

Colombianos:

Habéis presenciado mis esfuerzos para plantear la libertad donde reinaba antes la tiranía. He trabajado con desinterés, abandonando mi fortuna y aun mi tranquilidad. Me separé del mando cuando me persuadí que desconfiáis de mi desprendimiento. Mis enemigos abusaron de vuestra credulidad y hollaron lo que me es más sagrado, mi reputación y mi amor a la libertad. He sido víctima de mis perseguidores, que me han conducido a las puertas del sepulcro. Yo los perdono.

Al desaparecer de en medio de vosotros, mi cariño me dice que debo hacer la manifestación de mis últimos deseos. No aspiro a otra gloria que a la consolidación de Colombia. Todos debéis trabajar por el bien inestimable de la Unión: los pueblos obedeciendo al actual gobierno para libertarse de la anarquía; los ministros del santuario dirigiendo sus oraciones al cielo; y los militares empleando su espada en defender las garantías sociales.

¡Colombianos! Mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la Unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro.

Hacienda de San Pedro, en Santa Marta, a 10 de diciembre de 1830.

Bolívar llegó a Santa Marta el 6 de diciembre de 1830 tras una penosa travesía por el río Magdalena desde Bogotá y a pesar del buen clima y las atenciones recibidas, su salud empeoró a los pocos días, teniendo algunos momentos de lucidez que le permitieron dictar su testamento y su última proclama. Finalmente, el 17 de diciembre de 1830, a la una y tres minutos de la tarde fallece el Libertador a los 47 años de edad. Sus despojos mortales recibieron cristiana sepultura en el altar mayor de la suntuosa Catedral Basílica de Santa Marta, y en ese sagrado recinto moraron apaciblemente hasta diciembre de 1842, cuando fueron trasladados a su ciudad natal, cumpliéndose así el mandato de su testamento.


Documentos Históricos

Después de quince años de sacrificios consagrados a la libertad de América, para obtener el sistema de garantías que, en paz y guerra, sea el escudo de nuestro nuevo destino, es tiempo ya de que los intereses y las relaciones que unen entre sí a las repúblicas americanas, antes colonias españolas, tengan una base fundamental que eternice, si es posible, la duración de estos gobiernos.

Entablar aquel sistema y consolidar el poder de este gran cuerpo político, pertenece al ejercicio de una autoridad sublime, que dirija la política de nuestros gobiernos, cuyo influjo mantenga la uniformidad de sus principios, y cuyo nombre calme nuestras tempestades. Tan respetable autoridad no puede existir sino en una asamblea de plenipotenciarios nombrados por cada una de nuestras repúblicas, y reunidos bajo los auspicios de la victoria, obtenida por nuestras armas contra el poder español.

Profundamente penetrado de estas ideas invité en el año 1822 a los Gobiernos de México, Perú, Chile y Buenos Aires, para que formásemos una confederación, y reuniésemos en el Istmo de Panamá una asamblea de plenipotenciarios de cada Estado; que nos sirviese de consejo en los grandes conflictos, de punto de contacto en los peligros comunes, de fiel intérprete en los tratados públicos cuando ocurran dificultades, y de conciliador, en fin, de nuestras diferencias.

Parece que si el mundo hubiese de elegir su capital, el Istmo de Panamá, sería señalado para este augusto destino, colocado como está en el centro del globo, viendo por una parte el Asia, y por el otro el África y la Europa. El Istmo de Panamá ha sido ofrecido por el Gobierno de Colombia, para este fin, en los tratados existentes. El Istmo está a igual distancia de las extremidades; y por esta causa podría ser el lugar provisorio de la primera asamblea de los confederados. Nada ciertamente podrá llenar tanto los ardientes votos de mi corazón, como la conformidad que espero de los gobiernos confederados a realizar este augusto acto de la América.

El día que nuestros plenipotenciarios hagan el canje de sus poderes, se fijará en la historia diplomática de América una época inmortal. Cuando, después de cien siglos, la posteridad busque el origen de nuestro derecho público, y recuerden los pactos que consolidaron su destino, registrarán con respeto los protocolos del Istmo. En él, encontrarán el plan de las primeras alianzas, que trazará la marcha de nuestras relaciones con el universo. ¿Qué será entonces el Istmo de Corinto comparado con el de Panamá?.

Simón Bolívar

Lima, 7 de diciembre de 1824.

Designado también como Congreso Anfictiónico de Panamá en recuerdo de la Liga Anfictiónica de la Grecia Antigua fue convocado por Simón Bolívar en 1824 desde Lima, con el objeto de buscar la unión o confederación de Hispanoamérica antes conocida como Reinos Castellanos de las Indias.

Ya la idea de crear una gran nación cuya extensión abarcara lo que hoy es Hispanoamérica venía desde Francisco de Miranda, quien ideó el nombre de Colombia para esa eventual nación, el mismo Bolívar había expresado similares ideas en su Carta de Jamaica. El Congreso logró instalarse en ciudad de Panamá el 22 de junio de 1826 y dejó de sesionar el 15 de julio de ese año. Asistieron representantes de la Gran Colombia , Perú, Bolivia, México, y las Provincias Unidas del Centro de América (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, y Costa Rica). Gran Bretaña asistió en calidad de observador.

Los embajadores acordaron la creación de una liga de Repúblicas Americanas, con militares comunes, un pacto mutuo de defensa, y una Asamblea Parlamentaria Supranacional. Sin embargo, el “Tratado magnífico titulado de la Unión, de la Liga, y de la Confederación perpetua” que emergió del congreso, fue ratificado en última instancia solamente por la Gran Colombia. Cuatro años más tarde la Gran Colombia se derrumbó y años después las Provincias Unidas de Centro América se desmembraron en varias naciones. El Congreso logró reunirse, años después, en Querétaro, a convocatoria de México. Sus acuerdos tampoco se concretaron.


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